Los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2009, dada a conocer ayer por el Gobierno, registran un aumento de la pobreza en relación a la tendencia histórica de los últimos veinte años. Junto con nuestras tareas pendientes con aquellos que más sufren y lejos de considerar la pobreza un problema superado, éste es un desafío para extremar los esfuerzos en materia de crecimiento económico, educación y empleo; para asumir un compromiso ciudadano y reflexionar sobre la trascendencia de evaluar el país que queremos para todos.
Lo primero que debemos considerar es, sin duda, el aumento del número de personas en situación de pobreza. Sabemos que existe un impacto importante de la crisis económica y el aumento de los precios de los alimentos en estos resultados, por lo que resulta fundamental considerar un fortalecimiento de la protección social, que entregue mejores oportunidades, mayor estabilidad y seguridad a las personas más vulnerables; acceso a un empleo decente y una educación de mayor calidad. En ese sentido, celebramos que a partir de marzo del próximo año comience la implementación del ingreso ético familiar, porque nos preocupa que un jefe de hogar que gana el actual sueldo mínimo pueda tener efectivamente una vida digna y alejada de la pobreza.
Otro punto sobre el cual debemos reflexionar es el objetivo de identificar “cuántos” son los pobres. Para los expertos, este tipo de encuestas son de utilidad, ya que permiten comparar estadísticas nacionales e internacionales en relación al tema. Sin embargo, probablemente presenciaremos en el corto plazo, nuevos debates que nos permitan -además de generar políticas acordes con su superación- discutir para alcanzar el anhelo de una sociedad más justa, democrática e igualitaria: el desafío es replantearnos la pregunta sobre “cuántos son” por “quiénes son” aquellos que hoy se encuentran en situación de pobreza.
A pesar de que hemos avanzado en políticas sociales, aún nos falta mucho por hacer. Hoy sabemos que existen familias completas que entran y salen de la pobreza, vulnerables ante las fluctuaciones de los mercados, con trabajos precarios e informales, discriminados por su condición étnica, género o estrato social. En este sentido, destacamos la importancia de la continuidad de la Ficha de Protección Social y el anuncio del gobierno de comenzar a medir además la “vulnerabilidad social” a partir del año 2011, iniciativas que nos parecen son avances no tan sólo para la focalización de recursos, sino también para pensar políticas de protección social transversales y universales.
Finalmente, los magros resultados siempre llevan a buscar “culpables”, pero como ocurre frecuentemente estas responsabilidades son compartidas y será necesario analizarlas con detención para enfrentar de mejor manera la marginalidad y exclusión que aun viven más del 15% de la población chilena. Ahora bien, aún hay personas que piensan que quienes no salen de la pobreza no lo hacen porque son flojos, drogadictos o delincuentes, los cuales son elementos que ponen barreras a la cohesión social. Debemos trabajar juntos por la construcción de oportunidades y el respeto de los derechos de todos, en este sentido no basta sólo con asegurar mayores ingresos económicos para las familias más vulnerables, sino que es necesario políticas sociales de calidad, que aseguren la promoción social. Este último aspecto nos abre la puerta a la verdadera dignidad humana y que debería ser objeto central de la política social, como decía el Padre Hurtado: “una de las primeras cualidades que hay que devolver a nuestros indigentes es la conciencia de su valer de personas, de su dignidad de ciudadanos”.
Benito Baranda, director social del Hogar de Cristo.
(Columna publicada por El Mercurio el 14 de julio de 2010)