Chile ha avanzado en la inclusión de las personas con discapacidad tanto física como mental, lo que se refleja en la adopción de un concepto de discapacidad que ya no la entiende como una característica esencial de la persona. Sin embargo, datos de la CASEN 2017 revelan que mientras el 60,3% de las personas con 18 y más años se encuentra ocupada, sólo el 30,3% de las personas con discapacidad lo está. Respecto de la pobreza multidimensional, alcanza el 24,8% de las personas con discapacidad versus el 19,9% de quienes no presentan discapacidad. Cotidianamente, existen una serie de barreras para la autonomía de las personas con discapacidad mental, ya sea en el entorno familiar, hospitales psiquiátricos y hogares protegidos.  

Aunque el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría 2017-2025 representa un avance respecto a su predecesor de 2001,Chile no cuenta con un solo cuerpo normativo articulado y coherente, que sea marco y soporte suficiente para el conjunto de las acciones de mejoramiento de la salud mental. De igual modo, se considera que el Estado ha fallado en el principio de igualdad y no discriminación, en relación a los derechos de las poblaciones con problemas de salud mental.