Por Paula Montes, directora de Súmate
Reparar un derecho vulnerado resulta infinitamente más caro que entregar de manera ágil y eficiente ese derecho en un régimen de normalidad. Es lo que pasa con los 30 mil niños, niñas y jóvenes que llevan 67 días sin clases en la región de Atacama.
¿Cuál será el costo de recuperar más de dos meses sin clases, lo que probablemente termine traduciéndose en el año escolar perdido? Eso, sin mencionar, el caso de los que están en cuarto medio y deben rendir la prueba de ingreso a la universidad. ¿Quién paga el daño causado?
Paula Montes, directora de Súmate.
En medio de una severa crisis de la educación, cabe preguntarse si los problemas –puntuales y estructurales del sector– están debidamente abordados en el presupuesto de la nación.
El gobierno insiste en destacar la prioridad del Plan de Reactivación Educativa, el cual tiene tres ejes principales: convivencia y salud mental; fortalecimiento de aprendizajes; y asistencia y revinculación. Es este último punto, donde fundación Súmate del Hogar de Cristo tiene tres décadas de experiencia, trabajando con el Ministerio de Educación de todos los gobiernos de turno.
Y aquí estamos. Atentos a que el presupuesto de la nación 2024 considere los 31.583 millones de pesos solicitados para desarrollar, entre otros planes, el de Reactivación Educativa completo. Este último tiene asignado un monto de 12.240 millones del total, para promover la reincorporación de estudiantes que se han visto obligados a abandonar el sistema escolar.
Hay otra cifra, que no corresponde a plata, pero que debemos repetir siempre: hoy en Chile hay 227 mil niños, niñas y jóvenes privados de su derecho a la educación (el número no incluye a las “víctimas” del paro en Atacama). Para lograr que ese abultado grupo humano vuelva a la escuela son imperativos esos más de 12 mil millones de pesos. Con ese monto se abordarían acciones de reingreso, partiendo por encontrar a los mal llamados “desertores”, convencerlos de volver y contar con una oferta educativa pertinente que permita un regreso efectivo al sistema.
Actualmente existen 27 Servicios Locales de Educación Pública funcionando (los SLEP, que han saltado a la palestra a propósito del desastre en Atacama). Se prevé que se sumarán otros 10 en 2024.
HONRAR LOS COMPROMISOS
El Ministerio comprometió dos aulas de reingreso por cada SLEP para el próximo año. Esto significa espacios para acoger a 20 niños, niñas y jóvenes que vuelven al sistema dentro de establecimientos regulares. Pero con una oferta adecuada a su nivel de desescolarización, rezago y tiempo de abandono del sistema. Esta promesa nos lleva a un total de unas 70 aulas en todo el país.
Súmate ha sido creador e impulsor de esta herramienta, que combate la perpetuación de la pobreza y la exclusión. Instalar un aula de reingreso debe considerar equipamiento; dupla socioeducativa especializada y asesoría permanente al equipo directivo y docente. Cada aula cuesta unos 70 millones de pesos anuales. Ese monto se puede bajar a 60 millones si se logra instalar dos aulas de forma simultánea en el mismo territorio.
Volviendo a las 70 aulas que comprometió el Ministerio, el costo sería de 4.200 millones de pesos por año, un tercio de los fondos asignados para las iniciativas dirigidas a la reincorporación de estudiantes en el famoso plan de reactivación.
Eso permitiría restituirles su derecho a la educación. Y junto con ello ofrecerles oportunidades laborales y de futuro a mil cuatrocientos niños, niñas y jóvenes a los que como sociedad vulneramos algo fundamental.
Reparar es caro. Conclusión que debería obligarnos a hacer las cosas bien desde un comienzo y componer las hechas mal, destinando presupuesto y esfuerzos. Eso, sin olvidar que existe en algún cajón del Congreso una propuesta educativa de reingreso. Una que permitiría abordar el tema como política pública, con recursos y no sujeto a la buena voluntad de la autoridad de turno.
