Carlos Gajardo:

Eso señala el mediático ex fiscal, que ahora ejerce como abogado en el bufete Gajardo Norambuena, donde ve casos penales y asesora a empresas en temas de trasparencia y buen gobierno. Aquí habla del asesinato del migrante colombiano discapacitado ocurrido hace un año en Iquique a manos de cuatro ex cadetes de la Armada. De esa investigación, de la muerte del conscripto Vargas en Putre y de la igualdad ante la ley habla aquí.

Por Ximena Torres Cautivo

22 Mayo 2024 a las 21:16

“El de Milton Domínguez es evidentemente un homicidio, del que participan varias personas. La verdad consiste en establecer cuál es la responsabilidad exacta de cada uno de los involucrados en los hechos. Los videos que registran la golpiza son bien inapelables. Hay ahí un acto doloso para causar la muerte y uno debiera esperar, sin duda, una sentencia condenatoria”.

Así cierra su participación en Hora de Conversar del Hogar de Cristo el abogado y ex fiscal durante 14 años, Carlos Gajardo (50). Lo invitamos para analizar el caso del migrante colombiano, discapacitado asesinado a palos –su propia muleta fue parte de las armas mortales–, por cuatro cadetes borrachos de la Armada, la madrugada de 19 de mayo de 2023, en Iquique. El 22 de mayo se les dejó en prisión preventiva. Ya habían sido dados de baja y se inició el proceso de investigación que aún sigue abierto. Las glorias navales y el homenaje al capitán Prat fueron bien deslucidos el año pasado, pero se puso en marcha el proceso judicial.

Carlos Gajardo es entrevistado por Ximena Torres Cautivo

¿Existe justicia para los migrantes? ¿Cómo enfrentan la justicia los extranjeros irregulares? ¿Obtienen un trato igualitario en un país donde la percepción ciudadana está mayoritariamente en contra de los que vienen de otras latitudes, en particular venezolanos y colombianos?

Estas preguntas y otras que tienen que ver con la igualdad ante la ley le planteamos al ex fiscal Gajardo, como la discusión entre justicia civil ordinaria y justicia militar. Disputa que se expresa en que la Corte Suprema deberá fallar quién se encarga de investigar y sancionar el caso del malogrado conscripto Franco Vargas, muerto en una marcha de instrucción en Putre.

OTROS MIGRANTES MENOS RECHAZADOS

–Hemos tenido en los últimos años, una inmigración bastante poco controlada de personas huyendo de la dictadura de Venezuela. Eso ha traído aportes positivos, pero también un aumento importante de crímenes violentos. Eso ha generado una cierta resistencia, un mal miramiento de los migrantes, sobre todo en la zona norte de nuestro país –reflexiona Gajardo.

–Volviendo al caso de Milton Domínguez, a quien conocí en 2021, convaleciendo de la amputación de su pierna derecha en la Hospedería del Hogar de Cristo en Iquique. ¿Podría él haberse querellado contra el Estado chileno, dado que se contagió una bacteria en la residencia sanitaria donde fue relegado en plena pandemia al seguir el camino regular que le indicaron para legalizarse en Chile?

–Habría que ver en detalle las circunstancias, pero no podemos olvidar que la etapa de pandemia en el mundo fue muy especial. Que en esos años de alguna manera el Estado de Chile invitó a las personas de Venezuela a venir a Chile. Entonces había una sensación ambiente mucho más benigna con la inmigración de los que hoy día son gobierno y la oposición también fue muy partidaria de fronteras más abiertas con los venezolanos que huían del régimen de Maduro Probablemente, pocos dimensionaron lo que iba a significar esa apertura.

Con su lenguaje legal y su tono académico, el abogado Carlos Gajardo que renunció a seguir en el Ministerio Público, dada la poca voluntad de avanzar con la investigación que él lideraba en el caso del financiamiento de los políticos con boletas ideológicamente falsas y otros trucos, hace una larga vuelta sobre el cambio de mirada respecto de los migrantes. Dice:

–En los 90, tuvimos mucha inmigración desde Perú y fue positivo. Hoy se come mejor, los niños hablan mejor gracias a las trabajadoras peruanas de casa particular. Esa migración fue asimilada sin cuestionamiento. Y siento que fue parecido con dominicanos y haitianos. Ahora en que estamos con una tasa de natalidad de 1,15 hijos, la migración es lo que nos permite crecer y tener mano de obra. El problema es la delincuencia dura, el crimen organizado que empezó a colarse. La llegada de bandas criminales, como el Tren de Aragua.

Milton Domínguez fotografiado en 2021. Ahora su caso es analizado por el abogado Carlos Gajardo.

EL CASO DE JOANE FLORVIL

–No estoy tan segura de que con los haitianos fuésemos acogedores. Recuerdo el lamentable caso de Joane Florvile, la joven madre a la que por no entender su lengua la acusaron de haber abandonado su guagua… y finalmente murió tras el confuso episodio. ¿Ahí la familia podría haberse querellado?

–Es un caso en el que uno podría llegar perfectamente a concluir que hubo falta de servicio, que es como se denomina a cuando hay un cumplimiento de la obligación del Estado de proteger a las personas. En ese caso, es mucho más probable que la familia pudiera haberse querellado contra el estado con un fallo positivo, que en el de la pérdida de la pierna de Milton.

–¿Qué derechos legales tienen las personas que están en situación irregular en el país?

–Tienen todos los derechos intrínsecos una persona como ser humano. Quienes están en situación irregular están sometidos a que la autoridad administrativa ordene su expulsión por no cumplir los requisitos que exige el país. Pero existe también la posibilidad de auto denunciarse e intentar regularizar su calidad migratoria, lo que les permite tener algún tipo de acceso a beneficios estatales, como, por ejemplo, matricular a los niños en la escuela o ser atendidos en los centros de salud.

Gajardo hace notar que el derecho a la salud y a la educación se deben respetar siempre, aunque hoy en la opinión pública domine un sentimiento xenófobo que lleve a sostener que “la caridad empieza por casa”, y que hay que privilegiar a los locales en todo tipo de servicios.

LAS VENTAJAS DE PUNTA PEUCO

Cuesta entender desde la mirada de un lego por qué si los acusados fueron dados de baja por la Armada, a uno de ellos, el que está imputado de haber actuado con mayor saña y ser responsable directo de la muerte de Milton Domínguez, esté recluido en un recinto de la Marina.

–¿No habría ahí un trato privilegiado? ¿Desigualdad ante la ley?

–Ese es un privilegio que se aplica en general todas las personas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Es lo que pasa, por ejemplo, ahora mismo con el ex director de la Policía de Investigación, Sergio Muñoz. Él está dado de baja pero cumple prisión preventiva por la acusación de lavado de activos y malversación de caudales públicos en  la Brigada de Reacción Táctica de la PDI. Finalmente, está siendo custodiado por sus ex subalternos y eso sucede también en muchos casos de Carabineros. Es una medida que tiene lógica si bien pone en cuestión el principio de igualdad ante la ley.

–¿En qué sentido tiene lógica?

–Se explica porque por su condición de policías y militares esas personas probablemente tendrían problemas

de convivencia dentro de un recinto penitenciario común, de riesgo, y obligarían a medidas especiales de seguridad. Estarían expuestos a ataques, intentos de venganza, lo que complejiza su permanencia ahí dentro. Por eso se establecen esos regímenes especiales de prisión preventiva que, por supuesto, son cuestionables, porque no cumplen con los estándares de igualdad. En ese sentido, me parece adecuado tener un recinto penitenciario a cargo de Gendarmería especial, que fue lo que se hizo en su momento con Punta Peuco para instalar ahí a los condenados por crímenes de derechos humanos.

–Suena bien impopular tu juicio.

–La creación de ese recinto fue un avance para el funcionamiento penitenciario, pero también se puede cuestionar que no se respeta efectivamente la igualdad ante la ley. Es lo mismo que sucede con las personas que cometen delitos económicos, no existe un anexo especial con mejores condiciones y más comodidades. Eso también se explica desde la política criminal. Es muy complejo que una persona de altos recursos esté en una cárcel normal porque va a ser extorsionado, secuestrado, abusado. Eso es así.

LA MUERTE DE FRANCO

Hecha la aclaración sobre la privilegiada prisión preventiva del acusado de la muerte de Milton, Carlos Gajardo comenta los tiempos. Dice que los de la investigación se ajustan a los procesos habituales y que, pronto, debería cerrarse esa etapa e iniciarse el juicio oral. “La Fiscalía debe estar pronta a cerrar la investigación. Tras eso, tiene un plazo de diez días para acusar. Luego viene la preparación del juicio oral. En definitiva, en unos seis meses debería haber sentencia”.

También Carlos Gajardo comenta lo complejo que es repatriar el cuerpo de alguien que ha sido asesinado. Y entiende el dolor de los familiares, que debieron luchar por llevarse sus restos.

–Es duro y difícil hacer los trámites de expatriación en medio de una situación luctuosa. Ellos además lo cremaron, lo que genera más trauma, ya que las autoridades deben autorizar esa acción hechas todas las pericias necesarias del cuerpo para determinar la causa de muerte. Cremado el cadáver, ya no hay caso de una eventual segunda autopsia, pero en este caso las imágenes registradas son muy elocuentes respecto de la golpiza que determinó la muerte de Milton.

Otra muerte lamentable que pone en cuestión la igualdad ante la ley es el caso del conscripto Franco Vargas, que murió en Putre, en el extremo norte. Su madre exige que sea la justicia civil ordinaria la que vea el caso.

–¿Cuál es tu mirada profesional sobre esta discusión?

–La justicia militar en general tiene una serie de críticas, pero la más profunda está relacionada con la falta de independencia del que investiga. Un fiscal militar tiene dependencia vertical del comandante en jefe o del director general de la institución y, por lo tanto, con qué libertad va a poder investigar a sus superiores. Por eso, la competencia de estos tribuales se ha visto progresivamente limitada a casos de guerra. Ahí no tengo dudas sobre quién debe juzgar, la justicia militar, pero en lo demás debe ser lo más limitada posible. Ahora será la Corte Suprema quién resuelva el conflicto que se suscitó entre la ministra Jenny Book, que busca llevar el caso a la justicia militar, y el tribunal civil ordinario de Arica.

FEROZ DESCONFIANZA

Para el abogado lo más razonable sería que la ministra Book investigue la muerte del joven Franco Vargas y la Fiscalía una eventual violación de derechos humanos en el caso. “Esa sería a mi juicio la solución más salomónica que podría fallar la Suprema”.

–¿Es como se ha repetido muchas veces la absolución del general Fuente-Alba el peor fracaso judicial de la fiscalía desde el resultado del Caso Bombas 1?

–No comparto ese juicio. Yo esperaría a tener el fallo definitivo porque en el veredicto que se ha conocido se da por establecida la malversación de caudales públicos cometida por el general Fuente-Alba. Y ese juicio está vigente. La Fiscalía solo podía investigar y acusar por un delito distinto a ése, que es lavado de dinero. Y no fue capaz de probarlo, pero acreditó que hay malversación. Esperemos el fallo antes de opinar.

­­–Al margen de la lectura del fallo in extenso, la gente común siente que hay una justicia para los poderosos y otra ellos. Tanto es así que sólo el 15 por ciento de los chilenos confían en la justicia del país, en tanto Dinamarca y Noruega tienen un 82 por ciento de confianza en su sistema judicial. ¿Qué se hace frente a ese dato?

–En Chile la desconfianza en las instituciones es crítica en general. Pero resulta más dramática cuando la justicia, que es el último recurso al que los ciudadanos pueden apelar, no inspira confianza. Yo dejé el Ministerio Público porque hubo casos de boletas ideológicamente falsas en el financiamiento político donde los poderes impidieron una investigación completa, pero veo avances a partir de ahí. Por ejemplo, se prohibieron los aportes reservados. Si uno se fija las campañas hoy son mucho más austeras de lo que eran hace 15 años atrás -dice con tono esperanzador el ex fiscal Carlos Gajardo.

–Pero los casos de corrupción y mal uso de los recursos públicos en los municipios dan tiritones…

–Sí, claro. Tenemos importantes casos de corrupción en muchos ámbitos: alcaldes, el tema de los convenios, el caso Hermosilla. Frente a ellos lo que la personas exigen es que sean investigados y sancionados duramente.

–Tú saliste de la Fiscalía decepcionado por su incapacidad para enfrentar las presiones externas, ¿no sería hora de entrar a la política?

–Me lo han ofrecido, pero estoy bien donde estoy. Soy un ex funcionario público, un abogado y un ciudadano que intento hacer mi aporte como parte de la sociedad civil. Eso me ha dado grados de libertad para emitir opiniones que pueden ser incómodas y me gusta. Estoy muy bien donde estoy –finaliza Carlos Gajardo.

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