María Isabel Robles: “La pandemia trajo un retroceso notorio en la inclusión comunitaria de las personas”

En su primera Cuenta Pública del pasado 1 de junio de 2022, el presidente Gabriel Boric anunció la creación del Sistema Nacional de Cuidados, con dos grandes objetivos: asegurar a quienes requieren cuidados que los tengan y garantizar los derechos de las personas que los cuidan, que –en su mayoría– son mujeres.

Hogar de Cristo viene impulsando desde hace más de 7 años la creación de un sistema de apoyos y cuidados con el fin de que se transforme en el tercer pilar solidario del sistema de protección social chileno. Así lo explica María Isabel Robles, directora de la línea adulto mayor y de personas con discapacidad mental de Hogar de Cristo:

-Como fundación participamos en distintas instancias de trabajo gubernamentales y con otros actores de la sociedad civil, como las mesas técnicas y de coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, y formamos parte del Consejo Consultivo para la instalación de este tercer pilar. Nos interesa que el Estado reconozca y apoye el importante rol que juegan las personas que cuidan a otros en las líneas temáticas que trabajamos: adultos mayores y personas con discapacidad mental, que se encuentran bajo la línea de la pobreza y son altamente vulnerables. Una tarea que recae principalmente como responsabilidad en  las mujeres.

Reconocer a los cuidadores informales –tanto de adultos mayores como de personas con discapacidad– como colaboradores del Estado, es un paso fundamental para que ellos puedan recibir los apoyos necesarios ya sea de orden económico, de seguridad social, formación y capacitación, entre otros.

-Además del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, otro tema relevante que venimos impulsando desde hace más una década tiene que ver con la promulgación de una ley de salud mental que garantice acciones integrales para abordar este tema con una inversión presupuestaria mínima, acorde a estándares internacionales. Antes de la pandemia, las cifras ya mostraban preocupantes alzas en índices de depresión y tasas de suicidio en personas mayores de nuestro país, un grupo donde la percepción de soledad y el aislamiento social es un problema sobre el que debemos actuar de manera más concreta – hace ver María Isabel Robles.

Asegura que todos los estudios alertaron sobre la urgencia de inyectar recursos en esta área, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud, de la cual Chile forma parte: “Sabemos que ya deberíamos estar sobre el 5% del  presupuesto total destinado a salud mental pero estamos en cifras inferiores al 3%”, agrega.

En Chile, el 9,4% de las personas mayores sufre algún tipo de cuadro depresivo y lo que es aún más preocupante es que muchas personas con depresión no son diagnosticadas: “Según la Encuesta de la Calidad de Vida en Vejez (2019), hay un alza estadísticamente significativa de 3,7% en posibles síntomas depresivos en personas de 60+ del año 2016 al 2019, año en el que observa que al menos un tercio de los adultos mayores manifestaría tener síntomas depresivos, lo que corresponde al 30,7%. La pandemia COVID-19 agravó un hecho que ya era preocupante con un aumento de la ansiedad y la depresión, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Católica sobre su calidad de vida en pandemia. El COVID-19 y sus efectos trajo un retroceso notorio en los avances alcanzados respecto de la percepción de bienestar e inclusión comunitaria de las personas”, precisó.

EL MAYOR DESAFÍO DE LA LEY DE INCLUSIÓN LABORAL

Para las cerca de 430 mil personas con discapacidad mental que hay en Chile, según la Encuesta Casen 2017 y Casen 2020, la pandemia también significó un retroceso al menos en dos aspectos fundamentales para su inclusión social, esto principalmente en relación a personas adultas con discapacidad mental.

Participantes de Hogar Protegido en Conchalí.

Uno de los aspectos es el retroceso en su participación en la vida cotidiana en sus barrios y comunidades, efecto que vivieron muchos ciudadanos a propósito de las largas cuarentenas y la no presencialidad en la entrega de variados servicios para su tratamiento y rehabilitación. Otro aspecto muy relevante que se vio afectado en esta pandemia fue el acceso a puestos de trabajo.

-¿Y cómo ha avanzado y se está implementado la Ley de Inclusión Laboral?

-La ley de inclusión laboral que había iniciado su implementación en el año 2017, sufrió un estancamiento, haciendo más lento el acceso y la posterior recuperación de puestos de trabajo sobre todo en aquellas labores que requieren presencialidad. En nuestra experiencia con personas en situación de pobreza y exclusión, los puestos de trabajo a los que han podido acceder las personas con discapacidad mental, son puestos que requieren presencialidad, principalmente en servicios de baja y mediana calificación, como pueden ser aseo, personal de apoyo, ventas, entre otros, donde no se requiere formación técnica o profesional.

Es necesario diversificar las alternativas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad mental que sí cuentan con alta calificación. Sin embargo, para personas que hoy han visto estancada su inclusión laboral por factores de fondo que tienen que ver con los niveles de escolaridad y de formación, es fundamental abordar temas como la educación inclusiva desde la primera infancia, la capacitación, la formación en oficios, y el acompañamiento en los puestos de trabajo para poder asegurar no solo su acceso e inserción sino también su mantención en el tiempo.

Para garantizar procesos de inclusión social, que se traduce en temas laborales, comunitarios, educativos, ciudadanos, resulta fundamental la integralidad de la mirada. En concreto, esto significa no solo contar con legislación y normativa que apoye y fomente lo anterior, sino también el cambio cultural de toda la sociedad.

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