¿Qué dice el EPU?

Hogar de Cristo colaboró en la elaboración del cuarto Examen Periódico Universal (EPU) que se hace al Estado de Chile. Específicamente, en relación al análisis sobre discapacidad, personas en situación de calle y adultos mayores. Las conclusiones siguen siendo malas. Nuestro país está en deuda con quienes pertenecen a alguno de estos grupos.

Por María Teresa Villafrade

23 Abril 2024 a las 19:50

Antes que nada, debemos explicar qué es el Examen Periódico Universal (EPU) y por qué se aplica al Estado chileno.

Concebido por las Naciones Unidas en 2006, el EPU es un proceso de evaluación exhaustiva de las políticas de derechos humanos de los Estados miembros. Desde entonces y a través de las tres ediciones previas, este mecanismo ha demostrado ser una valiosa herramienta de rendición de cuentas y un recordatorio constante del deber del Estado de garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. El último EPU de Chile, realizado en 2019 puso de manifiesto que, a pesar de los avances, aún quedan áreas por mejorar y grupos específicos cuyos derechos requieren de especial atención y protección.

Hogar de Cristo colaboró en este cuarto ciclo integrando tres mesas de trabajo en los siguientes temas: discapacidad, personas en situación de calle y adultos mayores. Esto le mereció agradecimientos junto a todas las demás organizaciones de la sociedad civil que también participaron.

La Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS) y la Fundación Pro Bono fueron las encargadas de organizar el conversatorio titulado “El rol de la sociedad civil en la evaluación de los derechos humanos”, donde se dieron a conocer los Informes Alternativos al Examen Periódico Universal (EPU).

EL INFORME SOMBRA

Gonzalo Flores, jefe técnico del área discapacidad mental en Hogar de Cristo, destaca que este tipo de informes tiene dos caras: una es la que aportan las organizaciones de la sociedad civil y otra elaborada por el mismo Estado. Por eso se le conoce con el nombre de “Informe Sombra”.

“Muchas veces se coincide en las conclusiones, pero a lo que más importancia le damos nosotros es a que sean varias las organizaciones que participan en estos temas relevantes. Esto, porque así se logra ver la brecha que existe y también lo necesario que es dar solución a determinados puntos. Por ejemplo, nosotros como Hogar de Cristo venimos impulsando hace tiempo todo lo relacionado con la capacidad jurídica para personas con discapacidad mental”, explica.

El Código Civil chileno considera a los “sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente” como incapaces absolutos y a las personas con discapacidad intelectual (los “dementes”, los sigue llamando el Código Civil) también como incapaces absolutos. Esto significa que los primeros no pueden contraer obligaciones civiles bajo ningún aspecto, sino que sólo puede hacerlo en su nombre sus representantes legales; y los segundos, pueden hacerlo bajo esa modalidad, o bien pueden actuar ellos mismos, observando los requisitos habilitantes que la ley establece para ello. Además, continúa vigente la Ley N°18.600, que establece normas sobre “deficientes mentales”.

Pero veamos cuáles fueron las conclusiones principales de este EPU en cuanto a la discapacidad.

UNA POLÍTICA QUE NO SE IMPLEMENTA

Chile no cuenta con una política nacional en materia de discapacidad efectiva. El único intento de Política Nacional de Inclusión Social de Personas con Discapacidad, que tuvo su origen en base a lo establecido en la Ley Nº 20.422, tenía por periodo de desarrollo entre el 2013 y el 2020, pero fue diseñada y nunca implementada.

En materia presupuestaria, Chile debe adecuarse y acercarse a los presupuestos en materia de discapacidad que considera la OCDE. Nuestro país destina un 2,2% de su presupuesto de salud para personas con discapacidades mentales, cuando la recomendación de la OMS es que al menos un 5% se destine a esto. En contraste, en los países OCDE la inversión en salud mental y personas con discapacidad mental va entre el 9 y 11% del presupuesto total en salud.

Celebración del Día de la Salud Mental cada 10 de octubre. AGENCIA BLACKOUT

Existe un cuestionamiento en la sociedad civil sobre la suficiencia de SENADIS como institución de discapacidad en Chile, ya que su accionar se ve limitado por temas presupuestarios y de coordinación de la totalidad de órganos estatales involucrados en las materias de discapacidad.

CASI TRES MILLONES CON DISCAPACIDAD

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (“ENDIDE”) de 2022, se estima que en Chile existe una población adulta con discapacidad de 2.703.893 personas, lo que representa un 17,6% de la población adulta total. Asimismo, revela que la situación de discapacidad afecta más frecuentemente a las personas mayores, a quienes viven en hogares de menores ingresos y a mujeres.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes existe un estimado 587.709 con discapacidad, lo que representa un 14,7% del total de este grupo etario.

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