El miércoles 2 de marzo partieron las clases presenciales obligatorias con todo. La ciudad se sacudió y despertó temprano bullendo de renovada actividad.
Los noticieros matinales recogieron testimonios que daban cuenta de la felicidad de los alumnos de volver a encontrarse, tener clases cara a cara, recuperar la convivencia, cuestiónclave para el aprendizaje en términos amplios, incluyendo el cuidado de la salud mental, tan afectada por la falta de socialización. Los reporteros intentaban plantear cuestiones “punzantes” como lo acertado de los aforos, los riesgos de la medida, las objeciones clásicas del Colegio de Profesores.
Nadie se preguntó ni se ha preguntado ni probablemente se preguntará cuántos niños, niñas y jóvenes particularmente vulnerables no volverán a clases este marzo y abril tras dos años de clases híbridas o virtuales en su totalidad con todas las limitaciones por todos conocidas. Este grupo, que según las cifras pre pandemia alcanzaba una población de unos 186 mil adolescentes y jóvenes excluidos del sistema educativo, a los que en pandemia se habrían sumado otros 40 mil, sigue como siempre siendo invisible para todos.
La interrupción de las trayectorias escolares, el que miles de jóvenes opten por la vida laboral tempranamente sin terminar su educación obligatoria, realidad que las consecuencias de la pandemia han incrementado, es un problema país. Un derecho social que por muy refrendado que quede en la nueva Constitución, no basta. Es una base, pero no la solución.
Desafiémonos paralelamente a coordinar acciones para avanzar en el desarrollo y aplicación de políticas sociales que defiendan y aporten a la protección del inalienable derecho a la educación.
Es así como llamamos a las autoridades salientes a dejar un claro registro de lo avanzado y prioritario en materia de reingreso escolar y protección de trayectorias educativas y a las autoridades entrantes a tomar la posta con convicción y energía.
Aprovechamos de entregar nuestra mirada sobre los principales avances, donde destacan una modalidad de reingreso aprobada por el Consejo Nacional de Educación, un proyecto de ley ingresado en el Congreso para financiar su implementación, la visibilización de la existencia de niños, niñas y jóvenes con su derecho a la educación vulnerado y una fórmula de cálculo consensuada para hacernos cargo de la problemática. Entre los pendientes están trazar una ruta de implementación urgente de la modalidad de reingreso en nuestro sistema educativo en Chile; entregar de manera sistemática año a año la cifra de excluidos del sistema y aprobar un mecanismo de financiamiento que le de vida a la implementación de la modalidad.
Al ocuparnos de que no abandonen el colegio, de que sean parte del sistema, le estamos quitando carne de cañón a las redes de narcotráfico y delincuencia, pero lo más importante es que les devolveremos a los jóvenes abandonados por nuestro sistema un lugar donde desarrollarse y crecer.