Opinión:

El doctor en Política Social de London School of Economics, profesor de la Escuela de Gobierno y director del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Irarrázaval lamenta el daño que hizo el Caso Convenios a las organizaciones de la sociedad civil organizada que trabajan con las poblaciones más vulnerables del país. Reproducimos aquí la columna que publicó en el diario La Segunda.

Por Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC.

4 Septiembre 2024 a las 20:16

Ignacio Irarrázaval, del Centro de Políticas Públicas de la UC.

La historia reciente del país ha estado marcada por trágicos incendios, terremotos, tsunamis y aluviones. En esos momentos críticos las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel crucial, brindando asistencia rápida y efectiva. Asimismo, juegan un papel fundamental en abordar la problemática del acceso a la vivienda y en apoyar a personas con discapacidad y sus familias. Estas son sólo algunas de las numerosas áreas en las que estas organizaciones trabajan incansablemente.

A las fundaciones tenemos que cuidarlas, porque las necesitamos. Aunque los casos de corrupción que estallaron el año pasado dañaron la confianza respecto de la labor que realizan, estas siguen siendo importantes para la ciudadanía. En el sondeo de CADEM de este mes, un 73% cree que “el caso fundaciones” es principalmente un problema político, versus un 15% que considera que es un problema de las propias organizaciones. La gran mayoría de las personas las valora como un aporte al bien común y como un símbolo de unión y colaboración.

SOCIEDAD EN ACCIÓN

A pesar de esta valoración, las organizaciones siguen sufriendo los coletazos de la crisis. Muchas transferencias de recursos del Estado han sido paralizadas o postergadas, afectando a numerosos destinatarios de programas ejecutados por las organizaciones de la sociedad civil (OSC): niños y adultos mayores en residencias, programas de alimentación, y otros servicios críticos que complementan la acción del Estado.

De acuerdo a la actualización del Mapa de la Sociedad Civil que presentamos esta semana, en Chile hay más de 37 mil fundaciones y otras 300 mil organizaciones funcionales y territoriales. Es muy grave que un puñado de OSC hayan cometido faltas a la probidad –¡éstas deben ser sancionadas! –, pero es urgente avanzar en la regulación de las transferencias estatales, sin obstaculizar la labor de miles de organizaciones que no tienen ninguna relación con estos casos. De lo contrario, muchas instituciones, y sus beneficiarios, pagarán por las culpas de unas pocas.

Desde el proyecto Sociedad en Acción estamos generando evidencia y recomendaciones que permitan reactivar su funcionamiento. Pretendemos ser un aporte en la demanda de transparencia del sector. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes; necesitamos una solución urgente desde el Ejecutivo para garantizar la continuidad de los servicios de apoyo a la población más vulnerable.

Por Ignacio Irarrázaval.