¿Cuánto gasta el Estado en desalojar rucos?

Unas 21.750 personas -0,12% del total de la población- viven en situación de calle en el país. Ese es el dato que dio a conocer el INE la semana pasada y corresponde a los datos recogidos en el Censo 2024. Se trata de una foto movida, medio borrosa, que no da cuenta de la realidad. Tal como lo refleja la información entregada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO) por Ley de Transparencia a solicitud de Juntos en la Calle.

A la luz de ese dato, las 21.750 personas mal fotografiadas por el Censo 2024 se convierten en 55.723 que se registraron con RUT distintos en los dispositivos que ofrece MIDESO a quienes viven en situación de calle. Karinna Soto, directora ejecutiva de Juntos en la calle, explica así la total disparidad de datos.

“El Censo es la foto de un momento, con una herramienta que se aplica en las casas, que se hizo en un periodo de diez días o algo así. El dato de las atenciones del MIDESO que corresponden a personas con distintos carnets de identidad es mucho más certero. Y nosotros lo estamos solicitando por Ley de Transparencia todos los meses. Las personas en situación de calle no son un stock; su número cambia permanentemente”.

Estas son las comunas donde el problema es más visible y mayoritario.

Los datos del Censo iluminan y ayudan a describir el perfil de esta población. Así, la mayoría de quienes viven en calle son hombres (81.7%). Aunque las mujeres han aumentado en un par de puntos su presencia en este grupo que encarna la pobreza y vulnerabilidad más cruda. Tienen en promedio 43 años. El 13.6% son migrantes internacionales. El 29,8% tiene dificultad para ver y oír, caminar o subir escaleras, recordar o concentrarse, además de realizar tareas de cuidado personal, o hablar o comunicarse usando su idioma habitual. El 4,5% nunca asistió a la educación formal, lo que es superior al 3% nacional. Por región, la Metropolitana concentra el 38.9% del total de la población en calle, y las regiones del Norte –Tarapacá, Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama, en ese orden– le siguen en cantidad de personas que viven a la intemperie.

Este dato es absolutamente coherente con las nuevas cifras de pobreza que resultan de las modificaciones a la CASEN propuestas por la Comisión Presidencial. Con esta medición más exigente, la mayor cantidad de personas en pobreza se radica en las regiones del norte.

LJUBETIC Y EL MEWI

En cuanto a las comunas del país, Santiago y Puente Alto, con 1.320 y 823 personas, respectivamente, lideran el ranking del sinhogarismo nacional.  Arica es la primera extrametropolitana con 800 personas. Luego vienen Estación Central (766), San Bernardo (745); Los Ángeles (582) y Valparaíso (561), por nombrar las primeras siete.

“Esto es demasiado grave para no actuar”, dicen en Juntos en la calle. Y están empeñados en que las autoridades -sobre todo las municipales- comprendan que desalojar rucos no termina con el sinhogarismo. Explican:

-De acuerdo a un estudio del Ministerio de Economía (2021) el costo para el Estado de una persona en situación de calle va entre los 6 y 10 millones anuales. A pesar de eso, los gobiernos locales no reciben recursos permanentes para este fin. Las personas en situación de calle no están incluidas en la CASEN, que es la principal herramienta que define la distribución de fondos para los territorios -hace notar Karinna Soto.

Otro dato relevante: de acuerdo al Registro Social de Hogares, el 82% de los vecinos que viven en la calle son originarias de las mismas comunas en donde habitan. Asimismo, la mayoría transita entre comunas aledañas.

Un elocuente gráfico de la realidad de la vida en calle, donde la erradicación de rucos brilla por su inutilidad.

¿QUÉ HACEMOS CON LOS POBRES?

Erradicar rucos es tan tonto como inútil y recuerda un diálogo entre Mafalda, la hija clever de Quino, con su amiga frívola, Susanita: ¿Qué hacemos con los pobres?, se pregunta angustiada Mafalda. “Esconderlo”, responde Susanita.

Acá pasa lo mismo.

-Las soluciones más populares entre las comunas son los desalojos o retiros de rucos que no resuelven el problema. Sólo en Santiago se estima que se gastan 4 mil millones anuales en estas operaciones. Con estos recursos, en 4 años, se podrían construir 12 Centros de Salud Familiar o 200 viviendas sociales o 20 jardines infantiles para la región.

De este absoluto despropósito hablaremos este miércoles 10 de septiembre a las 11 de la mañana con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el abogado Yerko Ljubetic, y con Mauricio Mewi Soto, director de Hijos de la Calle,

No se lo pierdan.