El caso de Arnold Abbott: Criminalizar la caridad

La imagen de Arnold Abbott, un anciano de 90 años con delantal blanco, sirviendo platos de pollo guisado y papas gratinadas a personas sin hogar mientras la policía le notifica una infracción, recorrió el mundo en noviembre de 2014. Abbott, veterano de la Segunda Guerra Mundial y chef de larga trayectoria, llevaba más de dos décadas alimentando a quienes viven en las calles de Fort Lauderdale, Florida, a través de su fundación Love Thy Neighbor.

Imagen de AP de cuando fue detenido Arnold Abbott.

El conflicto comenzó cuando el concejo municipal aprobó una ordenanza que obliga a quienes deseen repartir comida al aire libre a contar con permisos especiales, instalar baños portátiles y respetar distancias mínimas respecto de viviendas. La norma buscaba, según las autoridades, “ordenar” el uso de los parques y resguardar la salud pública. Abbott consideró que se trataba de una criminalización de la caridad. “No puedo mirar a otro lado mientras ellos pasan hambre”, dijo al ser detenido por segunda vez en cuatro días.

El caso generó protestas en Estados Unidos y reavivó un debate global: ¿Pueden las ciudades restringir iniciativas solidarias en nombre del orden urbano? Organizaciones como la National Coalition for the Homeless acusaron a Fort Lauderdale de aplicar políticas “hostiles” hacia las personas sin techo, similares a las que en otras urbes prohíben dormir en plazas o instalar carpas en la vía pública. 

¿QUÉ PASA EN CHILE?

En Chile, aunque no existen normas tan estrictas como la de Florida, sí ha habido controversias sobre el uso del espacio público y la atención a quienes viven en la calle. Desde municipios que retiran colchones, carpas y rucos para “recuperar” plazas, hasta regulaciones sobre dónde pueden operar los comedores abiertos o las “rutas calle”, la tensión entre seguridad, convivencia y derechos humanos está presente.

El Hogar de Cristo y otras organizaciones sociales insisten en que la solución no pasa por prohibir la ayuda, sino por fortalecer políticas de vivienda, salud mental y acompañamiento, así como garantizar espacios donde la solidaridad sea bienvenida y segura.

Abbott, por su parte, siguió defendiendo su causa hasta su muerte en 2019, con 94 años, convencido de que alimentar a quien tiene hambre es un deber moral. Su historia recuerda que detrás de cada debate normativo hay vidas concretas que dependen de gestos solidarios, y que las leyes, en cualquier país, deben equilibrar convivencia y compasión.

CIFRAS DESIGUALES

En el Censo de Población y Vivienda 2024 se registraron 21.750 personas en situación de calle a nivel nacional, lo que representa aproximadamente el 0,12% de la población censada. Sin embargo, las organizaciones sociales que trabajan con personas en situación de calle como Hogar de Cristo y otras, estima que la cifra supera las 50 mil personas en todo el territorio nacional.

Del total, el 81,7% son hombres y el 18,3% mujeres.

La edad promedio de las personas censadas en esta condición es 43 años, cifra mayor que la edad promedio nacional, 38 años.

En cuanto a su distribución territorial, la Región Metropolitana concentra el 39% de quienes están en situación de calle (8.458 personas), seguida por Valparaíso, Tarapacá y Antofagasta en número de personas.

VIENE LA LEY CALLE

No existe una ley que prohíba entregar comida en plazas o calles, pero algunos municipios han cuestionado comedores improvisados o carpas instaladas en parques, alegando problemas de higiene o seguridad.

La futura Ley de Calle, en discusión parlamentaria, busca establecer derechos y deberes para las personas en situación de calle, además de lineamientos para los municipios y organismos de apoyo.

Fotografía de 2014 de Arnold Abbott con voluntarios de su fundación. Crédito: New Herald File

Especialistas recomiendan coordinar las ayudas con organizaciones sociales para asegurar calidad sanitaria y la continuidad.

Para Hogar de Cristo, la prioridad debe ser avanzar hacia soluciones de vivienda y acompañamiento, evitando medidas que puedan “invisibilizar” o expulsar a quienes no tienen un hogar. Con el déficit de viviendas sociales, la situación solo promete empeorar.

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