Medición de la pobreza en Chile:

Un año de plazo tiene el grupo de diez expertos que integra Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo de Hogar de Cristo, para presentar sus propuestas al presidente Gabriel Boric. Ellas buscan mejorar la metodología de medición de la pobreza en nuestro país: la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).

Por María Teresa Villafrade

1 Diciembre 2023 a las 18:19

El director ejecutivo de Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero, fue nominado por el gobierno junto a otras nueve personas  a ser parte de la comisión asesora que busca mejorar la CASEN.

En 2014, se recomendó revisar la metodología que mide la pobreza en Chile cada 10 años. Y, justamente, en enero de 2024 se cumple el plazo establecido.

Sin duda, es algo urgente. A mediados de este año, la CASEN 2022 arrojó una histórica reducción en la pobreza por ingreso en nuestro país, pasando de 10,7% en 2020 a un 6,5%. La cifra resultó sorprendente para todos. Se trató del nivel más bajo desde que se tiene registro, es decir, desde 1990, año en que comenzó a medirse de forma bianual o trianual.

Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo de Hogar de Cristo, fue ampliamente consultado en los medios de comunicación por el descenso de las cifras.

Él y su equipo fueron de los primeros en hacer notar una coincidencia inversa en dos porcentajes claves de la CASEN: en 2017 los ingresos autónomos del primer quintil de la población correspondían y un 63% y el 37% restante era fruto de subsidios. En 2022, eso se invirtió de manera exacta: el 63% fue producto de apoyos y subsidios y apenas en 37% de lo que las personas ganaron con su propio esfuerzo.

“A raíz de las crisis de todo tipo generadas por la pandemia, el Estado de Chile entregó subsidios y transferencias directas como no se tenía recuerdo. Eso permitió compensar la caída de los ingresos autónomos de las personas –los que surgen del trabajo de cada uno–, especialmente en los sectores de menores ingresos”, explicó en esa ocasión.

Ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, junto a la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, anunciaron en La Moneda la conformación de la Comisión Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza.

En el primer decil, el segmento más pobre del país, el ingreso autónomo es de 95 mil pesos. Eso gana una persona en promedio mensual, versus el ingreso promedio autónomo del país que es de un millón 200 mil pesos. O sea, ese grupo realmente lo está pasando muy mal. Otro dato elocuente es que en este segmento poblacional, en 2022, los ingresos autónomos representaron el 37% y los subsidios el 63%, mientras que el 2017 los ingresos autónomos fueron 63% y los subsidios 37%. Es decir, exactamente la proporción inversa.

¿QUÉ HARÁ LA COMISIÓN ASESORA?

Los expertos convocados por el gobierno de Gabriel Boric, deberán revisar distintos aspectos de la actual metodología de medición de la pobreza por ingresos, por ejemplo: la composición y metodología de reajuste de la Canasta Básica de Alimentos y la Canasta Básica No alimentaria; construcción de la línea de la pobreza; escalas de equivalencia para el tamaño de los hogares; empalme de las series; tratamiento del alquiler imputado y correcciones por no respuestas.

También deberán proponer la adecuación de la medición de la pobreza multidimensional a partir de la evidencia recogida en los primeros diez años de su implementación, incluyendo una revisión de sus dimensiones, indicadores y umbrales. Además, se les pide realizar propuestas para evaluar instrumentos de medición actualmente utilizados, incluida su frecuencia, formato de levantamiento y sistema de gobernanza institucional.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL GRUPO?

El economista Osvaldo Larrañaga, será el presidente de la Comisión Asesora que estará formada por 10 profesionales ligados a los temas de pobreza. Así, además de Larrañaga y Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo de Hogar de Cristo, estarán Alejandra Abufhele, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez; Emmanuelle Barozet, académica del departamento de Filosofía de la Universidad de Chile, Andrés Hernando, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales, Amanda Telias, experta en medición de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad, Paulina Henoch, investigadora de Libertad y Desarrollo; Rodrigo Yáñez, director del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural en su oficina en Chile. Gonzalo Durán, académico de la Universidad de Chile e investigador de la Fundación Sol y Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP).

Juan Cristóbal Romero (primero a la derecha) junto a los expertos y expertas que integran la comisión asesora.

Uno de los temas que generó debate en la última medición fue el llamado alquiler imputado y, por lo mismo, será uno de los aspectos sometidos a revisión. Larrañaga explicó que “esta comisión tiene por objetivo hacer una revisión comprensiva de todos los temas, y obviamente se hará cargo del alquiler imputado. Esto tiene que ver con cómo se trata en la medición de la pobreza a los hogares que pagan arriendo y quienes no porque son propietarios”.

El economista explica que “para los hogares que son propietarios tiene que compensar esos ingresos con el alquiler imputado, y como el costo de la vivienda ha subido mucho en la última década, se ha vuelto un tema más visible”. Por lo mismo, afirma que “lo que tiene que hacer esta comisión es revisar si esa medición está lo suficientemente actualizada y si no hacer las recomendaciones del caso”.

La comisión tendrá plazo de un año para trabajar. En diciembre de 2024, deberá presentar sus propuestas. Luego, durante 2025, el ministerio de Desarrollo Social y Familia evaluará las recomendaciones incluida su factibilidad técnica y financiera, y generará una nueva metodología de medición de la pobreza. Por ello, la aplicación de estas recomendaciones se integrará a la CASEN 2026. La CASEN 2024, por lo tanto, seguirá aplicando la actual metodología.

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