Viviendas compartidas

En Chile, hablar de pobreza también es hablar de vivienda. Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a partir del Censo 2024 el déficit habitacional cuantitativo alcanza 491.904 requerimientos de nuevas viviendas, equivalente al 7,5% de los hogares del país. Esa cifra considera viviendas irrecuperables, hogares allegados, núcleos allegados hacinados y viviendas con hacinamiento.

La falta de vivienda golpea con más fuerza cuando se cruza con pobreza, pérdida de redes, trayectorias de calle, problemas de salud, envejecimiento, discapacidad o falta de ingresos estables. En su expresión más extrema, esa exclusión aparece en quienes viven en situación de la calle.

Una vivienda es mucho más que un techo. Es el lugar desde donde una persona puede ordenar su vida, descansar, cuidar su salud, reconstruir vínculos, sostener rutinas y volver a proyectarse. Cuando ese punto de partida no existe, cualquier proceso de inclusión se vuelve más frágil.

Desde esa convicción nace Casa Compartida, el servicio de inclusión habitacional de Hogar de Cristo dirigido a personas en situación de pobreza y sin un lugar donde vivir. Su objetivo es asegurar la permanencia en una vivienda, favorecer la inclusión comunitaria y contribuir a la superación o prevención de la situación de calle y/o institucionalización.

El servicio entrega una vivienda que combina apoyo social para la vida diaria y acceso a redes institucionales y comunitarias. También busca facilitar la convivencia autónoma entre personas que comparten un mismo espacio, con acompañamiento para sostener esa vida en común.

Casa Compartida no es una respuesta de emergencia ni una hospedería ni tampoco Vivienda Primera. Se distingue de esta última porque está orientada a personas en situación de calle más jóvenes y con alguna fuente laboral, por informal que sea, y ganas de trabajar.

Son casas con un máximo de 8 residentes, que comparten la responsabilidad de mantener el espacio no sólo limpio, sino grato, lo que implica saber o reaprender a convivir.

El trabajo incluye apoyo psicosocial, acompañamiento en actividades de la vida diaria, fortalecimiento de la convivencia entre quienes comparten la vivienda, vinculación con redes de salud y protección social, orientación para acceder a beneficios y servicios, coordinación con instituciones del territorio y apoyo para reconstruir o fortalecer redes personales y comunitarias. Para 2026, se consideran 23 unidades y una cobertura estimada de 327 participantes. La presencia territorial para 2026 considera unidades en 7 regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Magallanes.

Tienen un costo promedio mensual de 861 mil pesos, el que es financiado en un 35% por el Estado. El 58% de sus residentes están en pobreza extrema.