Bajo el objetivo central de proteger a los más vulnerables, el Hogar de Cristo mantiene distintos tipos de residencias en función de las personas que atienden. Estos servicios residenciales actualmente se dividen en:
que buscan restablecer el derecho a vivir en un contexto familiar a niños, niñas y adolescentes, de entre 12 a 18 años, que han sufrido graves vulneraciones de derechos y se encuentran bajo la protección del Estado. En ellas se les procura una adecuada calidad de vida, cautelando su seguridad física y emocional y la satisfacción de sus necesidades integrales de desarrollo.
El 87% de los niños, niñas y adolescentes en residencias vive en situación de pobreza monetaria. El 25% de las personas en situación de calle tiene historias de institucionalización. Es decir, han pasado por los servicios de protección. Y la mitad de las personas recluidas hoy en las cárceles de Chile alguna vez pasó por el ex Sename.
Es necesario focalizar la atención residencial en aquellos jóvenes que realmente lo requieren. Tal como señala la ley, el ingreso a una residencia debe ser la última opción. La evidencia internacional muestra que los dispositivos residenciales son sólo para un perfil determinado de niños, niñas y adolescentes que requieren de intervenciones especializadas y/o para los que no es posible la reunificación familiar o la vinculación a familias de acogida. Se estima que cerca del 50% de los niños, niñas y adolescentes que hoy se encuentran en cuidado alternativo residencial debieran estar o con sus familias o en familias de acogida.

INFANCIA PROTEGIDA
https://www.hogardecristo.cl/lineas-de-accion/infancia-vulnerada/infancia-protegida/
En 2026, estos dispositivos permanentes, que se ubican en cuatro regiones del país, acogen a 290 hombres y mujeres mayores en situación de pobreza y con discapacidad mental. En ambos casos, sus residentes son personas con alto nivel de dependencia y sin redes de apoyo, con un promedio de edad de 64 años. Su costo de operación per cápita es de 1.810.000 pesos, monto que es financiado en un 56% por el Estado.
