Ningún niño puede perderse en el trayecto

Liliana Cortés, directora social del Hogar de Cristo, escribe sobre el lamentable escándalo de los niños haitianos con paradero desconocido en esta columna publicada en Cooperativa.cl. Los ninos migrantes representan en grupo más pobre de Chile. AGENCIA BLACKOUT.

Hay noticias que interpelan a una sociedad completa. No porque hablen de cifras, procedimientos o disputas institucionales, sino porque nos obligan a responder una pregunta esencial: ¿qué valor tiene la vida de un niño para nuestro país?

La investigación sobre el paradero de dos centenares de niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron a Chile bajo programas de reunificación familiar ha generado alarma pública. Más allá de las responsabilidades administrativas, políticas o penales que deberán determinar los tribunales y las instituciones competentes, hay una certeza que no admite matices: ningún niño puede desaparecer de los registros del Estado sin que toda la sociedad se sienta interpelada.

En Hogar de Cristo conocemos de cerca la fragilidad que acompaña a la infancia cuando se cruza con la pobreza, la exclusión y la migración. Cada día trabajamos con niños y niñas que viven en contextos de alta vulnerabilidad. Nuestros 35 jardines infantiles, ubicados entre Arica y Puerto Montt en territorios complejos y con escasa oferta de servicios, acogieron durante 2025 a 4.150 niños y niñas. De ellos, cerca del 3% son extranjeros, concentrados principalmente en establecimientos del norte del país y en algunos de nuestros jardines de comunas de la Región Metropolitana, como Quilicura.

La experiencia nos ha enseñado algo fundamental: detrás de cada niño migrante hay una historia marcada por la esperanza. Ninguna familia abandona su tierra, sus redes y sus afectos por capricho. Lo hace buscando seguridad, oportunidades y un futuro mejor para sus hijos. Sin embargo, demasiadas veces ese anhelo se encuentra con barreras que terminan profundizando la vulnerabilidad.

LOS MÁS POBRES DE CHILE: LOS NIÑOS MIGRANTES

Las cifras son elocuentes. En Chile, los niños nacidos fuera del país enfrentan niveles de pobreza significativamente superiores a los de sus pares nacidos en territorio nacional. Las dificultades de acceso al empleo formal de sus padres, el hacinamiento, la precariedad habitacional, las brechas de conectividad y los obstáculos para la regularización migratoria generan condiciones que afectan su desarrollo y bienestar.

Por eso este caso no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del control migratorio. También exige preguntarnos si estamos siendo capaces de proteger a los niños que llegan a nuestro territorio. Porque cuando un niño migra, no deja de ser niño. Y cuando el Estado autoriza su ingreso, asume también el deber irrenunciable de velar por sus derechos.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial en toda decisión que lo afecte. Esa obligación no distingue nacionalidad, origen étnico, idioma ni situación administrativa. Un niño haitiano, venezolano, peruano o chileno merece exactamente la misma protección.

Hoy la prioridad debe ser una sola: encontrar a cada uno de los niños cuyo paradero se investiga, verificar sus condiciones de vida y asegurar que estén protegidos. Al mismo tiempo, será indispensable revisar los mecanismos de seguimiento, coordinación institucional y protección para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

La infancia no puede transformarse en una zona ciega de nuestras políticas públicas. Menos cuando se trata de niños migrantes que llegan desde algunos de los contextos más difíciles del mundo. La forma en que tratamos a los niños más vulnerables revela quiénes somos como sociedad. Y un país que pierde de vista a sus niños corre el riesgo de perder también su brújula moral.